Plan Potenciar Trabajo: el Gobierno suspenderá a alrededor de 160 mil beneficiarios

El Gobierno anunciará esta tarde la suspensión de alrededor de 160 mil beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo. Así lo determinó el Ministerio de Desarrollo Social a raíz de la auditoría que estableció que cerca del 89% del padrón de beneficiarios del programa validó sus datos en el sistema, quienes el próximo 5 de febrero cobrará el plan completo.

No sucederá lo mismo con el 11% restante, equivalente a alrededor de 160 mil titulares, que al no cumplir con la medida percibirá la mitad del monto del beneficio. Así lo informaron desde el Ministerio de Desarrollo, a cargo de Victoria Tolosa Paz. Si estas personas no regularizan su situación a los 60 días serán dados de baja del programa.

No obstante, el organismo activó una posibilidad de reclamo, el cual se podrá realizar a través de la plataforma MiArgentina y quedará en revisión por parte de la Secretaría de Economía Social, que tendrá un mes para avisar la resolución tomada.

El 22 de noviembre pasado, la titular de la cartera de Desarrollo Social anunció el operativo nacional para validar los datos de identidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La fecha límite para la cargar la información personal era el 6 de enero de 2023.

“Con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de titulares” del programa, desde el organismo se extendió el plazo para que los beneficiarios validen su identidad. La nueva fecha tope fue el 15 de enero de este año. Y para cumplir con lo planeado, desde el Gobierno se montó un operativo territorial, para “contactar a quienes aún no completaron” el trámite. Todos quienes sean titulares del Potenciar Trabajo tenían que realizar este trámite para seguir cobrando el beneficio.

La validación de datos se adoptó luego de que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales. Un informe de la AFIP reveló que 253.184 beneficiarios del programa no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 —a valor noviembre— por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas eran en un principio: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

Datos sobre el relevamiento

De la información que se desprende del relevamiento por la validación de datos, se supo la cantidad de beneficiarios que tienen sus estudios secundarios finalizados y aquellos que no lo hicieron y tienen el deseo de concretarlos. Según el informe, cerca del 30% de los beneficiarios que completaron el trámite de validación tiene el secundario completo. Por su parte, el 29% no completó ese nivel educativo. Y el 10% no finalizó la primaria.

Con estos datos, Tolosa Paz busca incentivar a que todas personas que perciben una asignación de ese programa finalicen su trayectoria educativa.

“La información obtenida resulta muy útil para continuar trabajando, junto a gobernadores, intendentas e intendentes, en la búsqueda de la registración de la actividad laboral a través del programa Puente al Empleo y el fortalecimiento de unidades productivas, máquinas, herramientas y polos productivos que potencien las capacidades”, destacó en su momento Tolosa Paz.

La reacción de los movimientos sociales

El dato sobre la cantidad de personas que se quedarán si el beneficio del programa Potenciar Trabajo, inquieta a los diferentes movimientos sociales, que reclamaron que el mecanismo genera dificultades para aquellos beneficiarios que tienen problemas de conectividad o que no cuentan con el dispositivo para realizar la validación.

De hecho, sospechan que se trata de una “estrategia burocrática” del Gobierno para “recortar planes por goteo”.

Por estas horas, organizaciones piqueteras y un grupo de movimientos sociales evalúan tomar medidas de fuerza. Es que a la cantidad de personas que se quedaría sin el beneficio de este programa, se suma el reclamo por demoras en la entrega de alimentos de programas sociales.

El antecedente en la Justicia

En diciembre pasado, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Ariel Lijo, hizo lugar a una cautelar y le ordenó al Gobierno que le pague los haberes correspondientes al plan Potenciar Trabajo, de noviembre, a aquellos beneficiarios que no lo recibieron por haber comprado dólares en el último tiempo.

El magistrado aceptó el pedido realizado por el dirigente social Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en contra de la decisión de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que había suspendido la entrega de la ayuda del Estado a aquellas personas que no cumplieran con determinados requisitos.

El conflicto se inició luego de que Tolosa Paz impulsara una auditoría de los beneficiarios de ese plan y diera de baja a 20.410 titulares que venían cobrando el beneficio de manera irregular, tras detectar algunas irregularidades.

Ante esto, el mismo juzgado federal, el 6 de diciembre pasado, autorizó al Ministerio a que les pague a los más de un millón trescientos mil titulares del programa, a pesar de las 253.184 incompatibilidades detectadas, dejando afuera así a los que habían sido dados de baja.