Con acciones judiciales buscan frenar la entrega de tierras en la Ciudad de Buenos Aires

Tras la sanción de cuatro proyectos inmobiliarios en la Legislatura porteña, las organizaciones ambientales indicaron que las hectáreas ribereñas que quedaron en manos de privados ascienden a 47. Además, legisladores y legisladoras opositoras indicaron que el gobierno local trabaja en más de cien convenios urbanísticos como los que se sancionaron en los que se habilita mayor permiso de construcción a privados a cambio de una compensación. Se prevén medidas judiciales para frenar las leyes.

El bloque de Vamos Juntos y sus aliados sancionaron cuatro proyectos con fuerte impacto inmobiliario: la rezonificación de Costa Salguero, la ratificación del convenio con la empresa IRSA por el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, la aprobación de nueve convenios urbanísticos entre el gobierno y empresas privadas y la creación del Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras realizadas en contravención. Con estas nuevas leyes impulsadas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se pierden nuevas hectáreas cercanas al río. Según un relevamiento que hizo el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, ya son 47. Más de la mitad, fueron cedidas a privados en los últimos cinco años. Trece hectáreas fueron entregadas en usufructo al Tiro Federal por 150 años en el 2017, otras 9 fueron concesionadas a 10 años en el Distrito Joven ( en la parte Norte de la costanera) en 2018 y 4 corresponden a Costa Salguero, que tiene una medida judicial en curso. A esas 26 hectáreas, desde el organismo le suman 21 del predio de IRSA, que si bien fueron vendidas en la década del 90 consideran que no cumplen con lo establecido en la Constitución de la Ciudad.

El abogado y director del Observatorio, Jonatan Baldiviezo, explicó que se basan en los artículos 8 y 27. “Hacemos esta contabilidad desde la perspectiva que consideramos que la Constitución nos da el mandato de recuperar el 100% de las tierras. Algunas por acción y otras por omisión, pero no las estamos recuperando. Hay 21 hectáreas en Costa Urbana de IRSA que no vamos a recuperar. Esas fueron vendidas antes, pero como tenemos el mandato de recuperarlas, recuperamos un poco, pero faltan 21 hectáreas que es lo que se va a construir. El predio tiene actualmente 72 hectáreas, con este proyecto que se votó, IRSA, tanto por obligación legal y otro tanto por contraprestación, le pasa terrenos al gobierno. Le pasaría un 72%, lo que no le pasa (que equivale a 21 hectáreas), queda en manos privadas”, explicó.

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Por otro lado, el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña advirtió que el gobierno porteño trabaja en nuevos convenios urbanísticos con excepciones para ampliar la capacidad constructiva. El jueves se ratificaron nueve y hay un centenar en estudio. “Todos sabemos que hay alrededor de 130 proyectos, con lo cual van a seguir en esta estrategia de vender el aire. Ellos hasta diciembre del 2019, gracias al radicalismo de Martín Lousteau, lograron tener 40 votos. A partir de que pierden esa mayoría especial, empiezan a buscar otras estrategias para seguir haciendo negocios inmobiliarios. Ahí es donde aparece esta figura de los convenios urbanísticos que estaban pensados para levantar zonas degradadas, para otros objetivos y eso se empieza a utilizar para permitir construir más a cambio de una suma de dinero. En realidad, tendrían que tener una contraprestación de un bien común” afirmó.

Desde los colectivos “La ciudad somos quienes la habitamos”, Fundación Ciudad y Basta de Demoler adelantaron que realizarán acciones judiciales. “Están orientadas a cuestionar el procedimiento que tuvieron estas leyes. Los convenios firmados no cumplieron con el Plan Urbano Ambiental, que dice que los convenios tienen que tener un nítido interés público. Solo vemos que la contraprestación de los privados es dar plata, no hay interés público. Además, cuestionamos que la votación de IRSA se tendría que haber aprobado con 40 votos. En el convenio, el Estado otorga derecho sobre espacio público, eso no es simplemente el cambio de normativa urbanística que requiere 31 votos sino que cada vez que se cede algún derecho sobre el espacio de dominio público estamos hablando de 40 votos”, explicó Baldiviezo.

NT