Social
Durante tres días los kioskeros no cargarán la tarjeta SUBE
Entre el miércoles y viernes de esta semana harán un paro para exigir que deroguen o modifiquen la ley que prohíbe el cobro adicional de la tarjeta para viajar en transporte público.

Los kioscos de la Ciudad y del Gran Buenos Aires que cargan las tarjetas SUBE cesarán esa actividad durante tres días esta semana en protesta contra la prohibición estatal para el cobro por la tarea.
La medida de fuerza de los kiosqueros será llevada adelante entre el miércoles y el viernes, por lo que cientos de miles de personas podrían verse afectadas si se encuentran lejos de las estaciones terminales de subterráneos o trenes.
La Cámara de Kiosqueros Unidos (CKU) convocó a un paro general en el sistema de recarga SUBE y VIRTUAL para exigir que deroguen o modifiquen la ley que prohíbe el cobro adicional o permitan una rentabilidad “digna” del 15 por ciento.
“Los kioscos son puntos de venta fijos necesarios para que funcione el sistema de transporte público y estos asumen un riesgo elevado al desarrollar esta tarea”, dijeron los comerciantes en un comunicado.
El Estado había prohibido el cobro por la recarga cuando en 2011, la entonces presidenta Cristina Kirchner, lanzó la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) por entender que esta actividad podría motivar ventas en los negocios.
La administración de Mauricio Macri optó por respaldar esa prohibición.
La CKU reclama ahora que el Estado derogue o modifique la ley que prohíbe el cobro adicional, en el mismo sentido exige el ajuste de la rentabilidad a favor del kiosquero y el control a las empresas que cumplan con el pago correspondiente.
En el documento agregan que ellos optan por brindar este servicio SUBE de forma voluntaria para amortizar la crisis del rubro debido a la competencia desleal que enfrentan con los supermercados y estaciones de servicio, entre otros.
“Esos comercios y hasta los de la cadena Farmacity venden golosinas al igual que un kiosco, no debiendo dedicarse a este tipo de mercadería”, expresó la CKU.
“Detrás de los más de 12 mil kioscos hay miles de familias, y su fuente de ingresos peligra por la persecución de denuncias impulsadas por una ley, que culpa al último eslabón del sistema, cuando nadie investiga quiénes son los que se quedan con el dinero fruto del trabajo del kiosquero del sistema SUBE”, se quejaron.
MG

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