La novela burocrática que demora la restauración de la Confitería del Molino

En enero de este año, luego de un recorrido legal que comenzó en 2014 y una compra que el Estado pudo concretar en marzo de 2017 y que demandó casi $182 millones, finalmente el el Congreso tomó posesión del emblemático edificio de Callao y Rivadavia que el 9 de julio cumplió 102 años.

Hace unos días se creó la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino, que tendrá a su cargo la supervisión de las obras para recuperarlo. Está integrada por la por la vicepresidenta Gabriela Michetti, el senador Eduardo Alberto Aguilar (justicialismo), la senadora Marta Varela (PRO) y los diputados Emilio Monzó (PRO), Laura Valeria Alonso (FPV), José Luis Riccardo (UCR), Facundo Suárez Lastra (UCR) y Daniel Filmus (FPV). Y cuenta con un plazo de 90 días para presentar un proyecto de puesta en valor.

“La Comisión se constituyó el 2 de julio y ese mismo día sus miembros entraron a la Confitería”, dice el diputado Riccardo -por San Luis-. Y aunque él no pudo estar allí por problemas personales se encuentra al tanto de la situación por “el acta labrada tras el ingreso y por conversaciones con los otros miembros de la Comisión”. Cuenta a Clarín: “Se registraron actos de vandalismo, de los cuales aún no se puede dar una precisión acabada. Parece que entraron usando los andamios. Por eso, se decidió pedir una guardia policial permanente”. No es todo. “Hay tres personas, antiguos inquilinos, que ‘ocupan’ en la parte superior, por lo que ya se requirió el desalojo”, agrega.

La Comisión realizó un inventario dentro del inmueble y registró los elementos que sobreviven al deterioro y a los intrusos. A su vez, el Congreso emitió un comunicado en el que informó que ya se han iniciado tareas de relevamiento, medición y revisión por parte de especialistas.

También se pudo saber que el subsuelo está inundado y, como se puede ver, el frente está contenido por una malla metálica y una estructura tubular que desde hace años evita posibles desprendimientos.

La confitería declarada Monumento Histórico Nacional, esta cerrada desde 1997, y es un lúgubre ejemplo del mal manejo en el que muchas veces cae el patrimonio. Abandonada, vandalizada, ocupada y hasta peligrosa para quienes se mueven por sus desvencijadas veredas, la construcción que lleva la firma del arquitecto ítalo-argentino Francesco Gianotti se convirtió en una onerosa cuenta pendiente para el Estado. Es que la ley que aprobó su expropiación en 2014, también definió que los recursos para recuperarla deben contemplarse en el presupuesto nacional, una tarea que le cabe al Poder Ejecutivo.

“La situación es preocupante y, dado que hay voluntad política de avanzar con las obras, esperamos que se pueda comenzar lo antes posible”, señala Riccardo, quien conoció a la Confitería a fines de los años ’80. “Fui al salón principal, sólo para conocerlo. Me impresionó la arquitectura, el ambiente. Era majestuoso”, recuerda.

Las obras dentro del Molino formarán parte de la renovación integral de la “Manzana Legislativa”, delimitada por las calles Callao, Bartolomé Mitre, Combate de los Pozos y Rivadavia, donde funcionan oficinas y despachos en diferentes anexos. Estarán a cargo de los arquitectos del Plan Rector de Intervenciones Edilicias del Congreso (PRIE) y deberán cumplir con los lineamientos que se definieron en la normativa sancionada durante el Gobierno anterior.

Para la renovación, la planta baja y el subsuelo deberán ser concesionados para que funcionen una confitería, un restaurante o un local de elaboración de productos de panadería o pastelería. Del dinero que aporte esa concesión saldrá el presupuesto para solventar el mantenimiento y la gestión del edificio. En cuanto al resto del inmueble, los planes son la creación de un museo dedicado a la historia del lugar y el “Centro Cultural de las Aspas”, en homenaje a los elementos que le dieron nombre a la Confitería. Los pisos superiores “deberán consagrarse a actividades culturales, legislativas y de difusión de los valores del pluralismo y de la democracia”, según se estableció el año pasado.

Mientras tanto, el punto de encuentro de Carlos Gardel, Niní Marshall, Libertad Lamarque y Roberto Arlt y de políticos, como Lisandro de la Torre e incluso Eva Perón, seguirá acumulando herrumbre entre sus cimientos y malestar entre los vecinos.

Fuente consultada: Clarin