La justicia ordenó a Jorge Macri retirar una reja que cierra la calle de acceso a una escuela

Muy pocos conocen esta historia y nadie podría imaginar (o sí) que magistrados que integran los tribunales de justicia de Comodoro Py, bajo la venia del gobierno de la Ciudad, transformaron el acceso a una escuela porteña en un estacionamiento VIP para el tribunal federal de Retiro.

En 2019 instalaron un alambrado entre las calles Combate de Costa Brava y Letonia, que bloquea el acceso principal al Polo Educativo Mugica donde funcionan la Escuela Infantil N° 5 y la Primaria N° 25 Bandera Argentina, donde asisten más de 1500 estudiantes.

La decisión de la Justicia

Desde hace seis años ese espacio es utilizado como estacionamiento privado por jueces de Comodoro Py pero, tras una audiencia realizada en la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Jorge Macri debe retirar el alambrado en 20 días para que ese lugar vuelva a ser utilizado por la comunidad educativa del Polo Mugica. Desde un primer momento, docentes y familias de las escuelas, denuncian que al lugar no pueden acceder los micros escolares, ambulancias ni los bomberos ante un eventual siniestro.

“El alambrado lo colocaron en las vacaciones de invierno del 2019, a escondidas de las familias y los docentes, y desde entonces reclamamos que lo quiten”, dijo a Lourdes, mamá que integra la cooperadora del Polo Mugica.

Gabriela Vestel, abogada que representa a las familias del Polo Mugica e integrante de la Asociación Compromiso Ciudadano para la Justicia Social, confirmó a este medio que en la audiencia realizada “se le otorgó 20 días de plazo al gobierno de la ciudad y al Consejo de la Magistratura para que retiren las rejas y liberen la calle Letonia”.

“Durante años, los niños y niñas para acceder a la escuela los días de lluvia tienen que caminar 200 metros, aquellos que pueden, porque hay algunos chicos con discapacidad que no pueden hacerlo. Pero tampoco pueden acceder los proveedores del colegio, ni los bomberos, ni la ambulancia porque se encuentran cercados”, señaló Vestel.

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En 2021 un fallo judicial le dio la razón a las familias y ordenó al Gobierno de la Ciudad quitar el alambrado que rodea a las escuelas. Fue la jueza Patricia López Vergara del Juzgado 6 del fuero contencioso, administrativo y tributario, quien decretó el retiro por obstruir el acceso al Polo Educativo.

“Es increíble que la ambulancia tiene que subirse y transitar por la vereda cuando hay un incidente. Esto es terrible, es el único colegio de toda la Ciudad de Buenos Aires que sus estudiantes, casi todos de la Villa 31, se encuentran enrejados”, agregó la abogada.

Por último, la letrada explicó que “si al día 21 no retiraron las rejas, la parte actora, es decir, las madres que llevan adelante la acción judicial, pedirán que se siga adelante con los autos, lo que significa que pasen estos a acuerdo de sala a dictar sentencia. Si esto no se remedia, el día que pase un incidente, esto puede ser un cromañón de guardapolvos blancos”.

El reclamo de las familias y docentes

En la audiencia judicial ocurrida el jueves pasado, Lourdes R. —madre, vecina e integrante de la cooperadora del colegio— habló en representación de las familias. Sus ocho hijos pasaron por la escuela y fue contundente ante los jueces: “el reclamo no puede esperar más”. Por eso, desde la comunidad educativa se aceptó un plazo de 20 días para que el GCBA retire la reja de inmediato.

Las condiciones de emergencia, transporte escolar y acceso a servicios básicos se ven profundamente afectadas por esta decisión arbitraria del Gobierno porteño, que prioriza la comodidad de una élite judicial por sobre la seguridad de niñas y niños. La respuesta del GCBA desde el área de Educación fue que “hay otras escuelas que están peor”. Una frase que revela el abandono y la falta de voluntad política para garantizar los derechos básicos.