Inquilinos y propietarios: hay incertidumbre por una posible suspensión de la Ley de Alquileres

Hacia finales de noviembre, el Gobierno anunció que impulsará en el Congreso un nuevo proyecto que reemplace a la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde julio de 2020. Desde el oficialismo y la oposición -que también había presentado algunos proyectos para derogarla o modificarla- reconocen que desde su aplicación la norma tuvo efectos negativos tanto en los precios que pagan los inquilinos como en la oferta de propiedades en el mercado.

Con todo, aun no hay fechas definidas para la presentación y el tratamiento legislativo del nuevo proyecto. Trascendieron versiones de que la actual ley vigente podría suspenderse por 180 días, pero aun no fue confirmado oficialmente. Esta situación generó incertidumbre tanto entre inquilinos como propietarios que estaban cercanos a firmar un nuevo contrato. “Este tipo de noticias, aún siendo por ahora trascendidos y especulaciones, siempre generan una situación de parálisis en el mercado. Por eso en este momento el mercado está expectante, aguardando definiciones reales que permitan encauzar las operaciones”, aseguró Marta Liotto, presidenta del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba)

“El anuncio generó ruido e incertidumbre y al que tenía dudas le generó más aun. Algunos seguirán esperando antes de ofrecer el inmueble en alquiler, así que seguro lo que generó es menor oferta por ahora. Se trata solo declaraciones pero no hay ni decretos ni nuevas leyes. Si cambian algo deberán decir que pasa con los contratos vigentes. Por eso es complejo el tema”, afirmó Soledad Balayan, presidente de Maure Inmobiliaria.

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Según adelantó la diputada Marcela Passo, que será una de las impulsoras del nuevo proyecto, los puntos clave a modificar son dos: la actualización de los alquileres, que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo. Sin embargo, para tener un panorama más claro habrá que esperar el próximo recambio legislativo del 10 de diciembre. Entre las posibilidades que se analizan, puede haber un DNU, una ley o la creación de una comisión bicameral para trabajar en un nuevo proyecto, donde se puede incluir o no la suspensión por 180 de la Ley de Alquileres vigente. “Todavía no es una definición y hay que esperar el recambio”, dijo Passo.

Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) resaltaron que derogar la Ley de Alquileres supondría volver atrás en derechos adquiridos para la población inquilina: estabilidad de tres años, claridad sobre qué parte debe pagar cada gasto del contrato y durante el alquiler. “Algunos aspectos de la ley pueden mejorarse. Pero el debate actual le atribuye problemas que en realidad tienen que ver con la falta de control en su implementación. Sin controles y sin protección, los inquilinos enfrentan un mercado marcadamente asimétrico, donde deben aceptar condiciones imposibles de cumplir cada vez para más hogares”, expresaron.

NT